Tesorería General de la República con Saldaña Abarca Alvin Hernán.

En estos autos rol 58.457-2, del Primer Juzgado Civil de Rengo, ingreso N° 8.543-2010 de esta Corte Suprema, sobre juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, la ejecutada dedujo sendos recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que en lo que interesa, revocó la de primer grado en cuanto acogió la excepción de prescripción en el expediente administrativo Rol 502-03, referido al folio 751872697 y en su lugar, resolvió desestimarla. En lo demás, confirmó la sentencia en la parte que rechazó dicha excepción respecto de los folios 751985729 y 752020968 y mediante su complemento no hizo lugar a la excepción de pago parcial interpuesta subsidiariamente, sin costas.

A fojas 373, se trajeron los autos en relación.

I.- En cuanto al recurso casación en la forma:

Primero: Que el recurso de nulidad formal se asila en el literal sexto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la cosa juzgada emanada de la sentencia interlocutoria dictada en la causa con motivo del incidente de abandono del procedimiento promovido por su parte, vicio procesal reparable sólo con la invalidación del fallo.

Explica que la sentencia impugnada al revocar la de primer grado y rechazar la excepción opuesta en relación al folio 751872697, con vencimiento 30 de abril de 1997, ha violado la cosa juzgada que surge de la referida interlocutoria dictada por el Tribunal de Alzada, que rechazó el abandono del procedimiento fundado en que la etapa administrativa de cobro del impuesto no constituía fase jurisdiccional, y por lo tanto, no procedía dicho instituto, declarando en esta oportunidad -en completa contradicción con lo resuelto- que lo actuado en sede administrativa sí reviste dicha naturaleza y que en consecuencia, el requerimiento de pago efectuado el 14 de abril de 2003 interrumpió la prescripción en los términos previstos en el artículo 201 del Código Tributario; de este modo, el fallo recurrido se ha dictado contra otro pasado en autoridad de cosa juzgada, incurriendo en la causal de invalidación que sustenta el recurso.

Segundo: Que para estar en presencia del efecto de cosa juzgada, impeditivo de volver a discutir lo decidido, es necesaria la existencia de una sentencia judicial firme en la que concurran los requisitos de su procedencia, como lo manda el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que entre lo anteriormente resuelto y la actual sentencia impugnada exista identidad legal de personas; identidad de cosa pedida e identidad de causa de pedir. Es requisito de interés para proponer esta causal, que quien la alegue haya obtenido en el juicio anterior que se quiere anteponer al nuevo, de manera que se produzca aquella pugna que haga imposible el cumplimiento de lo decidido por existir resoluciones contradictorias;

Tercero: Que, sin embargo, el recurrente plantea la cosa juzgada no sobre la base de sentencias que se contradicen, sino porque para rechazar el abandono de procedimiento, que dio lugar a la interlocutoria que opone a la sentencia recurrida, se fundamentó por los jueces de una manera distinta de las razones que se dieron para rechazar la excepción de prescripción en la ejecución seguida en su contra, argumentando que en el primer caso se habría sostenido que el procedimiento de cobro administrativo de impuestos adeudados, por su naturaleza, impedía el instituto del abandono del procedimiento y para rechazar la prescripción se sostuvo que esa actividad era jurisdiccional. De este modo, la crítica en realidad se centra en los diferentes razonamientos aducidos para una misma cuestión jurídica según el parecer del recurrente, pero la verdad es que, aunque siendo efectivo el reproche, lo cierto es que dicho error mira a las consideraciones de dos sentencias, pero no a lo decidido en ambas situaciones. En el primer caso, la sentencia, única que debe anteponerse como excepción de cosa juzgada y referida a su parte resolutiva, desestimó el incidente de abandono de procedimiento y por lo tanto fue una resolución desfavorable al ejecutado, con lo cual carece de la entidad suficiente para lograr la contradicción que trata de evitar tal excepción y por ello dicha decisión no le sirve para alegar en contra de la sentencia que también desestimó las excepciones opuestas;