Tesoreria Regional Antofagasta con Hugo Francisco Miranda Caimanque.

En estos autos Rol Nº 38-2009 del Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, seguidos en juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, por sentencia de veinte de junio de dos mil once se rechazó el incidente de abandono de procedimiento promovido por el ejecutado Hugo Miranda Caimanque.

Apelada esa resolución por el demandado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en fallo de dieciocho de agosto de dos mil once, la revocó, dando lugar al abandono del procedimiento y declarando que las partes perdían el derecho de continuar con este juicio.

En contra de esta última decisión, el actor dedujo recurso de casación en el fondo.

Se previene que el Ministro señor Muñoz, modificando el parecer sostenido hasta ahora, estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo, por las siguientes consideraciones:

1º.- Que el Código Tributario en el TITULO V del Libro III, regula el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero, desde el artículo 168 a 199, estableciendo que la cobranza tendrá una etapa administrativa y otra judicial. La primera es la que conoce la autoridad administrativa y la segunda la justicia ordinaria, procedimiento que, en términos generales y en lo más relevante, tiene la tramitación siguiente:

Principio general. Esta etapa se realiza ante el Servicio de Tesorería, de la cual conoce como juez sustanciador el Tesorero Comunal, que en el evento previsto por el legislador pasa al Abogado Provincial . En todo caso, el mencionado Abogado Provincial deberá velar por la estricta observancia de los preceptos legales que reglan el procedimiento, como por la corrección y legalidad de la tramitación empleada por las autoridades administrativas en la sustanciación de los juicios. Los contribuyentes podrán reclamar ante el Abogado Provincial que corresponda de las faltas o abusos cometidos durante el juicio por el Tesorero comunal como juez sustanciador o sus auxiliares.

Título ejecutivo. El procedimiento se inicia con la confección de las listas o nóminas de los deudores morosos, bajo la firma del Tesorero Comunal quien actúa como autoridad administrativa, en este trámite anterior al inicio del procedimiento, conforme a las instrucciones impartidas por el Tesorero General de la República; nóminas que constituyen título ejecutivo, por el sólo ministerio de la ley.