Juan Carlos Ortega Corvalan con Servicio de Impuestos Internos

En los autos rol Nº 9.247-2011 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por el contribuyente don Juan Carlos Ortega Corvalán, el reclamante dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán que rechazó la excepción de prescripción de las acciones ejecutivas de cobro de los impuestos opuesta en segunda instancia y confirmó el fallo de primer grado que no hizo lugar al reclamo.

A fojas 481, se trajeron los autos en relación.

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Primero: Que por el recurso se denuncia la errónea aplicación de los artículos 2 , 116 , 124 , 125 , 177 Nº 2 y 201 del Código Tributario; 2492, 2493, 2494, 2497, 2509 del Código Civil y 310 del de Procedimiento Civil; los que se estiman vulnerados por la sentencia de segundo grado al momento de fundar el rechazo de la incidencia formulada en esa instancia, esto es, la excepción de prescripción de las acciones ejecutivas de cobro, que fuera desechada por improcedente, siendo que -a juicio del recurrente- era posible plantear dicha alegación tanto en el juicio ejecutivo como en la propia reclamación, lo que constreñía a los jueces del fondo a examinarla y pronunciarse derechamente sobre su procedencia, dando lugar a la prescripción extintiva de las liquidaciones cursadas de conformidad al artículo 200 del Código Tributario.

De igual modo, se sostiene que el fallo yerra al estimar que basta para la suspensión del plazo de prescripción con la formulación del reclamo aún cuando no haya pronunciamiento sobre el mismo, en circunstancias que el procedimiento de reclamación estuvo a cargo de un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que obró por "orden del Director Regional", esto es sin facultades, porque la norma del artículo 116 del Código Tributario, vigente a la época fue derogada con efectos erga omnes e irretroactivamente por el Tribunal Constitucional cuando ya había corrido el plazo de la prescripción alegada, de manera que el órgano fiscalizador al momento de girar los impuestos no estaba impedido de hacerlo, sin perjuicio de que como consecuencia de la derogación ya referida fueran anulados posteriormente.

Segundo: Que como un tercer error de derecho, se hace mención a la trasgresión del Artículo Único Nº 4 de la Ley 18.320, en atención a que la mayor parte de las liquidaciones reclamadas corresponden a impuestos de la Ley del IVA examinados fuera del plazo fatal de seis meses contemplado en dicho precepto. Se argumenta que la notificación para examinar la situación tributaria de la contribuyente se practicó el 11 de septiembre del año 2000, cumpliéndose de esta forma el plazo para citar, liquidar o formular giros el día 11 de mayo de 2001, de modo que la Citación Nº 49 de fecha 24 de agosto de 2001 y la notificación de las liquidaciones de 3 de agosto de 2002 se efectuaron fuera del plazo de caducidad, por lo que el contribuyente no estaría obligado al pago de los impuestos de que dan cuenta las liquidaciones que le fueran extemporáneamente notificadas.

Tercero: Que el recurso prosigue denunciando la falsa aplicación del artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta, fundado en que el Servicio de Impuesto Internos le exigió probar los costos solamente con las respectivas facturas, limitando de esa forma la posibilidad de incluir contratos o convenciones que en la práctica civil y comercial son habituales entre comisionistas y corredores por cuenta propia.