Maderera San Martin LTDA. con Servicio de Impuestos Internos Es Parte:consejo de Defensa del Estado.

En estos antecedentes Rol N° 9275-12, por sentencia de primera instancia de veinticuatro de mayo de dos mil doce, escrita a fs. 551 y siguientes, se negó lugar a la reclamación deducida por la contribuyente Maderas San Martín Limitada, confirmándose las liquidaciones N° 224 a 226, de 30 de mayo de 1997.

Apelada que fue dicha sentencia por el representante de la contribuyente, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de seis de noviembre de dos mil doce, que se lee a fs. 586, la confirmó.

Contra esta última decisión, el patrocinante de la contribuyente dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo. Se declaró inadmisible el de forma, ordenándose traer en relación el de fondo por decreto de fs. 621.

1°) Que en un primer capítulo del recurso, se explica que en el establecimiento de la inefectividad de las operaciones de la contribuyente, de que darían cuenta las facturas objetadas por el Servicio, la sentencia recurrida ha cometido las siguientes infracciones a las leyes reguladoras de la prueba: Primero, al asignarle valor probatorio a la declaración jurada prestada por algunos proveedores de la contribuyente, conculcando con ello los artículos 320 , 341 , 363 , 364 , 365 , 366 y 384 del Código de Procedimiento Civil, ya que los testigos deben declarar en el juicio ante el Tribunal en forma legal. En segundo término, los jueces recurridos habrían errado al asignar valor de plena prueba, a la presunción de que la contribuyente incumplió las instrucciones del Servicio derivada del hecho de que algunos proveedores no hayan pagado sus impuestos y otros no fueran ubicados en sus domicilios, al no satisfacer tal presunción los requisitos de precisión y gravedad que demanda el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil . Y en un tercer orden, se habrían transgredido los artículos 21 del Código Tributario y 23 N° 5 del DL 825, al dar por establecido que todas las facturas de la contribuyente no son fidedignas, en razón de la forma en que fueron extendidos los cheques con que se cancelaron, imponiendo de ese modo sobre la contribuyente la carga de demostrar la efectividad material de las operaciones de que dan cuenta las facturas, sin antes haberse acreditado en el juicio que tales documentos no son fidedignos.

En un segundo grupo de infracciones a las reglas reguladoras de la prueba, se interpela que la sentencia resta mérito a las guías de recepción interna que utiliza la contribuyente, por no tratarse de documentos autorizados ni timbrados por el Servicio, sin antes establecer su falta de autenticidad, como dispone el artículo 21 del Código Tributario.

Por último, como tercer capítulo de infracciones a las leyes reguladoras de la prueba, critica a los sentenciadores el centrar su decisión en la ausencia de guías de despacho que debieron emitir los proveedores, con lo cual demanda a la contribuyente un medio de prueba no exigible legalmente en este caso, pues ese instrumento sólo debe confeccionarse cuando el proveedor posterga la emisión de la factura, conforme al artículo 55 del DL 825 y artículos 70 y 71 bis de su Reglamento, circunstancias que no se presentarían en este caso, donde la compra se hace directamente en la barraca. Un error semejante se habría cometido en la sentencia al sostener la inefectividad material de las operaciones de que dan cuenta las facturas, basándose en el hecho de no llevar tarjetas de existencia, en circunstancias que esta obligación, conforme a la Resolución N° 985 de 1975, no rige para comerciantes minoristas como la contribuyente.

2°) Que antes de emprender el examen de cada una de las tachas que el recurrente efectúa al fallo de segunda instancia, y precisamente con el objeto de facilitarlo, resulta aconsejable previamente recordar y resaltar algunos aspectos sobre la naturaleza y características de las actuaciones de fiscalización que realiza el Servicio de Impuestos Internos, que finalizan con una liquidación, y del procedimiento general de reclamaciones sustanciado en primera instancia ante el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos competente, como resultado del reclamo interpuesto por el contribuyente frente a aquella liquidación.