Calderon Kohon Esther con Servicio de Impuestos Internos Direccion de Grandes Contribuyentes.

En estos autos Rol Nº 92.870-2016 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones iniciado por la contribuyente doña Esther Calderón Kohon, se dictó sentencia de primer grado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, que rola a fojas 234 y siguientes, por la que se rechazó el reclamo deducido, confirmando la Liquidación Nº 137 de 31 de julio de 2012, sin imponer condena en costas a la reclamante, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Dicha decisión fue apelada a fojas 286, y confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de quince de septiembre de dos mil dieciséis, que rola a fojas 387.

A fojas 389 y siguientes, don Cristian Aguila Jorquera, en representación de la reclamante, dedujo recurso de casación en el fondo, que se trajo en relación por resolución de fojas 427.

Primero: Que por el recurso se denuncia la infracción a lo dispuesto en el artículo 64 inciso 5º del Código Tributario al aplicar falsamente el concepto de legítima razón de negocios, vulnerando los derechos de su parte. De acuerdo a la norma citada, el aporte de activos en el contexto de procesos de reorganización de grupos empresariales no está afecto a pago de impuestos si obedece a una legítima razón de negocios, concepto que se ha precisado desde su establecimiento, señalando que no concurre si la reorganización de que se trate conduce o produce la evitación del pago de impuestos. En este caso, el aporte a costo tributario entre entidades relacionadas sin pérdida no otorga beneficio tributario ni menos una exención porque la sociedad receptora del aporte queda con un costo bajo en los activos aportados, y así la ganancia de capital queda solo pendiente de realización hasta que exista una transacción con terceros que valide el precio de mercado del bien, base sobre la cual el Fisco recibirá la tributación sobre la ganancia generada.

Por eso, el concepto de legítima razón de negocios no impone ni autoriza un escrutinio o indagación en orden a determinar si las razones invocadas son desde una óptica de negocios, válidas, idóneas, eficientes o eficaces. Pero en este caso, el actuar del Servicio de Impuestos Internos se aparta de la finalidad prevista en la norma y obliga a su parte a argumentar sobre lo obvio, criterio que ha sido validado por el fallo de autos reconociendo en el Servicio la calidad de censor de la actividad privada, facultándolo para juzgar la utilidad e idoneidad de las razones de negocios particulares de un contribuyente fuera del ámbito de la evitación o afectación del pago de impuestos, como lo son la eficiencia o eficacia puramente económicas de las medidas que la ley permite a su parte adoptar en el desarrollo de su actividad económica.

Se infringen entonces, además, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, al permitir que el Servicio de Impuestos Internos no someta su acción a las normas dictadas conforme a ella y actúe fuera del ámbito de su competencia.

En segundo término, denuncia la infracción del artículo 64 inciso 3º del Código Tributario al confirmar una tasación del Servicio de Impuestos Internos hecha arbitrariamente sobre un objeto distinto del enajenado o aportado. En este caso, señala que el objeto de enajenación o aporte fueron los derechos que su parte tenía en las 5 sociedades que cita, los que fueron aportados por ésta a la sociedad Inversiones Jaberim Limitada. La sentencia valida la tasación del Servicio de Impuestos Internos que asume que el objeto del aporte sería en realidad acciones de Ripley Corp S.A. y no los derechos sociales de las sociedades antes referidas, validando que estos se tasen según el valor bursátil que a la fecha del aporte tenían las acciones de Ripley Corp S.A.