Hugo Antonio Figueroa Jara con Juez Tribunal Tributario y Aduanero de Puerto Montt

Con fecha 03 de febrero de 2018, compareció don Hugo Antonio Figueroa Jara, abogado, en representación del Servicio de Impuestos Internos, e interpuso recurso de hecho contra la resolución de fecha 19 de enero 2018, en aquella parte que ha concedido el recurso de apelación deducido por el contribuyente en el escrito presentado el 18 de enero 2018, con la finalidad que la deje sin efecto y declare inadmisible la apelación concedida por el Juez del Tribunal Tributario y Aduanero, en razón de lo siguiente:

El 26 de diciembre 2017, se dictó sentencia definitiva de primera instancia. Con fecha 18 de enero 2018, el actor de la causa interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, citando su petitorio, sostiene que la solicitud contenida en el no constituye petición concreta, cuestión que incumple el requisito establecido en el inciso 1o del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y que, a su vez, impone al juez el deber de declarar, de oficio, la inadmisibilidad de la apelación conforme al inciso 1o del artículo 201 del mismo cuerpo legal.

En este sentido, la petición concreta es aquella que, además de solicitar la enmienda, modificación, o revocación de la sentencia impugnada, indica de manera precisa cuál es la declaración que se pretende, vale decir, qué es lo que quiere que el tribunal declare. Así las cosas, el recurso de apelación de autos debe declarase inadmisible, citando en este punto doctrina.

De esta manera, una petición es concreta cuando reúne, copulativamente, la solicitud de revocación, modificación, o enmienda de la sentencia apelada, sea en todo o en parte de ella, y la indicación de cuál es la declaración precisa que se pretende que reemplace a la contenida en la resolución impugnada, y cuya revocación o enmienda se persigue por la vía del recurso de apelación. Este requisito es fundamental, pues la declaración perseguida, es la que por un lado, otorga y delimita la competencia de la Corte, la que debe enmarcarse dentro de aquello que fue solicitado en la demanda; y, por otro, evita que la decisión del Tribunal de Alzada se extienda a puntos que no han sido expresa y nominativamente incorporados en el petitorio, de tal manera que, en el evento de hacerlo, se incurre en un vicio de casación formal según el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil.

Continúa exponiendo que revisando el primer párrafo del escrito por el cual se deduce el recurso de apelación, tampoco contiene peticiones concretas ya que, si bien solicita que se acoja el reclamo deducido contra tales actos administrativos, no expresa de manera clara y precisa cuál es la declaratoria perseguida, ya que el hecho que se acoja el reclamo contra un acto administrativo no conlleva, per se, que este sea dejado sin efecto, ya que bien podría, simplemente, ser modificado. Por lo anterior, se torna evidente la importancia práctica de que la petición sea concreta, toda vez que, lo que el tribunal declare, debe haber sido expresa y nominativamente solicitado por el apelante, ya que ello es lo que delimita de manera cierta, precisa y clara la competencia del tribunal. Incluso más, en la especie, el reclamo impugnó varios administrativos, por lo que resulta más importante aún que las peticiones del recurso sean concretas, cuestión que no ocurrió.

Finalmente, cita jurisprudencia que ha dado a la frase peticiones concretas, el mismo sentido y alcance propuesto por el Servicio.

Por lo tanto: solicitó se acoja el recurso de hecho y se deje sin efecto la resolución recurrida, y en su lugar declare que careciendo el recurso de apelación de peticiones concretas, se declara inadmisible el recurso de apelación, en subsidio de lo anterior, y para el evento que dicha petición sea desestimada, solicitó declarar inadmisible el recurso de apelación respecto del resolutivo 1 y 2 de la sentencia definitiva de 26 de diciembre de 2017, concediéndose aquella para el solo efecto de conocer y fallar la condena en costas, con costas del recurso.