Compania de Seguros de Vida Camara SA con Direccion de Grandes Contribuyentes

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de lo que se enunciará inmediatamente, que se elimina: a) En el considerando séptimo, la letra C del N° 8°; el N° 9°; la letra A del N° 10° y de su letra B sus párrafos cuarto, penúltimo y último; y los N°s. 11° y 12°; b) En el motivo 9°, su N° 2 desde "aun cuando" en adelante; y los N°s. 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10; c) Y los razonamientos 11°, 12° y 15°.

Se sustituyen todas las normas citadas en el fallo en alzada de la Ley de IVA y su Reglamento, al texto vigente en el año 2013.

Y teniendo en su lugar y, además, presente: 1°) La controversia sometida a conocimiento de esta Corte reside en determinar la procedencia de la devolución del Impuesto al Valor

Agregado (IVA), por la suma de $104.532.270, solicitada por COMPAÑÍA

DE SEGUROS DE VIDA CÁMARA S.A., fundada en la existencia de errores en el cálculo del crédito fiscal proporcional del IVA de uso común, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 N° 3 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS) y 43 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 55 de 1977. 2°) Como primera aproximación, conviene recordar que en materia tributaria rige de manera estricta el principio de legalidad, recogido en los artículos 19 N° 20, 60 y 63 de la Constitución, por el cual únicamente una ley en sentido formal y material puede crear, modificar o suprimir tributos, así como establecer sus elementos esenciales, tales como el hecho gravado, la base imponible, el sujeto pasivo, la tasa y la oportunidad del pago.

Este principio implica no sólo una reserva legal en la creación, modificación o supresión de los impuestos, sino que también demanda certeza respecto de sus elementos y del procedimiento de determinación de la suma a pagar por el contribuyente, certeza sin la cual dicho principio no constituiría una garantía efectiva y real frente a la Administración.

En consecuencia, y dado que el principio de legalidad tributaria es una manifestación del principio de juridicidad del actuar estatal, en ningún caso puede entenderse que la administración tributaria posee facultades para extender los hechos gravados más allá de lo que dispone expresamente la ley, incluyendo la alteración del procedimiento previsto para su determinación o acertamiento. 3°) En ese marco, el artículo 23 N° 3 de la LIVS vigente el año 2013 establecía: "En el caso de importación o adquisición de bienes o de utilización de servicios que se afecten o destinen a operaciones gravadas y exentas, el crédito se calculará en forma proporcional, de acuerdo con las normas que establezca el Reglamento.”