Hansen Petersen Juan Gerardo con Servicio de Impuestos Internos

1º.- Que, en lo que toca al régimen excepcional de fiscalización que establece el artículo único de la Ley N° 18.320, éste sólo beneficia a los contribuyentes que presenten una situación tributaria correcta, cuyo no fue el caso de la Sociedad Hansen y Compañía Limitada, lo que se aprecia del mérito de los antecedentes acompañados, en especial de la copia de la sentencia que rola a fojas 109, empresa en la que el reclamante de autos, Juan Gerardo Hansen Petersen, es socio con un 75% de participación. El objetivo que persigue dicha normativa es incentivar el cumplimiento de dichas obligaciones y, justamente, en razón de ello es que el numeral 3° de dicha ley establece que el Servicio se entenderá facultado para examinar o verificar todos los períodos comprendidos dentro de los plazos de prescripción establecidos en el artículo 200 del Código Tributario en los casos de conductas que importan infracciones tributarias susceptibles de ser sancionadas con pena corporal, tal como aconteció en el presente asunto, lo que, además, constituye una exclusión del referido cuerpo legal , a lo que cabe agregar que dicha normativa sólo se aplica a contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, situación que no es el caso de autos, en que como ya se dijo del reclamante es socia de la sociedad ya citada y que tributa por concepto de Global Complementario.

2°.- Que, esta Corte no puede menos que advertir, tal como lo ha destacado y solicitado el recurrente en su libelo de fojas 268, que la sentencia que se revisa corresponde a la conclusión de un procedimiento llevado a cabo luego de que con fecha 7 de junio de 2007 se invalidara todo lo obrado por haber sido tramitada la reclamación por un funcionario del Servicio de Impuestos Internos carente de jurisdicción.

De lo anterior se sigue que el contribuyente ha debido soportar sobre su patrimonio las consecuencias de la demora producto de dichas actuaciones.

2º.- Que la obligación de pagar intereses o, mejor dicho, la existencia de la obligación de solucionarlos, es consecuencia de la falta de pago del tributo, motivo por el cual cuando se reclama la inexigibilidad de éste -tal como acontece en el caso propuesto-, ciertamente también se insta por no pagar la sanción pecuniaria antes mencionada, rubro que no se encuentra resuelto por el tribunal de primer grado. Así las cosas, advirtiéndose tal insuficiencia en el fallo que se revisa y -como se pasará a explicar- una indebida aplicación de intereses, es que esta Corte, actuando por expreso mandato del artículo 140 del Código Tributario, procederá a corregir y resolver en la presente sentencia.

3º.- Que el artículo 53 inciso tercero del Código Tributario prescribe que: “El contribuyente estará afecto, además, a un interés penal del uno y medio por ciento mensual por cada mes o fracción de mes, en caso de mora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones”.

El inciso quinto señala: “No procederá el reajuste ni se devengarán los intereses penales a que se refieren los incisos precedentes, cuando el atraso en el pago se haya debido a causa imputable a los Servicios de Impuestos Internos o Tesorería, lo cual deberá ser declarado por el respectivo Director Regional o Tesorero Provincial, en su caso”.

4º.- Que si bien el pago de los intereses moratorios encuentra justificación en el atraso en el cumplimiento de la obligación tributaria, el mismo precepto prevé que dicho atraso pueda obedecer a una causa no imputable al contribuyente.