Sermob S a con Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos 9° a 18°, que se eliminan.

Y se tiene, en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, lo primero que se debe analizar es la procedencia de haber dejado sin efecto la resolución reclamada, como hizo el Tribunal de la instancia. Sobre el particular, cabe recordar, que el artículo 21 inciso primero del Código Tributario dispone que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

Segundo: Que, siendo un hecho no controvertido, que la reclamante no aportó los antecedentes que eran necesarios para verificar la exactitud de la información declarada, se desprende del análisis coordinado de distintas disposiciones contendidas en la Constitución Política de la República y en la Ley Nº19.880, así como la jurisprudencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia, los vicios, defectos o errores que puedan eventualmente provocar la nulidad de un acto administrativo, se resumen en los siguientes: la ausencia de investidura regular del órgano respectivo, la incompetencia de éste, la inexistencia de motivo legal o motivo invocado, el vicio de procedimiento en la generación del acto, la desviación de poder y el vicio de ilegalidad o violación de ley de fondo.

La validez de todo acto jurídico debe examinarse al momento de su perfeccionamiento y atendido que se encuentra establecido en autos que la parte reclamante no aportó a la parte reclamada, durante la etapa de fiscalización, la totalidad de los antecedentes requeridos para verificar la exactitud de la información consignada en su declaración de impuestos, la resolución impugnada es la consecuencia jurídica lógica de la insuficiente actividad probatoria de dicha parte, por lo que necesariamente se debe concluir, que no procede anular o dejar sin efecto la resolución reclamada, como erróneamente lo hace el tribunal a quo.

Tercero: Que, además, se debe agregar que el tribunal en la base de su razonamiento aplicó directamente y sin mayores razonamientos, la ley 19.880, olvidando el carácter supletorio de la misma, debiendo acudirse en primer término, a las disposiciones de la ley especial, en este caso tributaria, para determinar las reglas aplicables al procedimiento y sólo en aquellas situaciones no previstas, acudir a la normativa supletoria; de allí que la exigencia de fundamentación que se haga a una resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos, debe atender a sus especiales características y, acá estamos frente a una resolución administrativa, no jurisdiccional, que deniega una devolución de impuesto por utilidades absorbidas, situación que se simplifica en términos de fundamentación si se considera que la denegatoria es consecuencia de la falta de prueba solicitada y no otro aspecto técnico o contable de mayor complejidad.

Cuarto: Que, el considerando cuarto de la resolución reclamada consigna expresamente que se efectuaron observaciones a la Declaración Anual de Impuesto a la Renta, que se practicó notificación para que se presentaran los antecedentes requeridos, a lo que el contribuyente dio solo cumplimiento parcial, no acreditando, con ello, el origen de la pérdida tributaria impetrada ni la determinación del pago provisional por utilidades absorbidas, que solicita en su declaración de renta año tributario 2011.