Ricardo Benjamin Eltit Jadue con Servicio de Impuestos Internos

En autos RUC N° 12-9-0000404-2, RIT N° GR-08-00078-2012, conocidos en primera instancia por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía, por sentencia de tres de julio de dos mil trece, escrita de fs. 173 a 195, se hizo lugar en parte el reclamo interpuesto a fojas 1 y siguientes por don Ricardo Benjamín Eltit Jadue, en contra de las liquidaciones N° 14 a 30, de 5 de junio de 2012, emitidas por la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, que determinan diferencias de IVA correspondientes a los períodos tributarios de enero del año 2009 a marzo del año 2010; y diferencias de Impuesto a la Renta de Primera Categoría , Impuesto Global Complementario en el año tributario 2010 y Reintegro del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta y en consecuencia ordenó modificar las liquidaciones 22 y 23 conforme señaló en sus razonamientos décimo noveno y vigésimo.

Apelado ese fallo por el contribuyente, por resolución de seis de marzo de dos mil catorce, rolante a fs. 249, la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco, lo confirmó. Contra este pronunciamiento, la misma parte apelante dedujo ahora recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación a fs. 276.

Primero: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción de los artículos 21 , 97 N° 4 , incisos 1 ° y 2 ° , del Código Tributario , 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, y 23 N° 5 , inciso 4 ° , del D.L. N° 825.

En relación al artículo 21 del Código Tributario, alega el recurrente que el onus probandi que este precepto impone sobre el contribuyente, no resulta aplicable en la especie por tres razones: primero, por cuanto su inciso primero se refiere al proceso de cálculo o determinación del impuesto y no a procedimientos jurisdiccionales para la aplicación de sanciones por infracciones tributarias; segundo, porque su inciso final alude literalmente a las liquidaciones o reliquidaciones de un impuesto y no a las sanciones ni a las infracciones de naturaleza tributaria; y, tercero, ya que desde la entrada en vigencia del artículo 117 del Código Tributario, incorporado por la Ley N° 20.322, el Servicio de Impuestos Internos tiene para todos los efectos legales la calidad de parte y, como tal, ha de cumplir con las cargas procesales generales que la ley impone. Lo anterior se encuentra reforzado, continúa el compareciente, por el hecho de que no exista una norma legal que expresamente exceptúe al Servicio de la carga de la prueba en materia de infracciones tributarias, como se desprende de los artículos 124 y 132 del Código Tributario, lo que conlleva que dicho organismo, en el juicio tributario deba probar las afirmaciones que realiza en el acto administrativo que ha practicado y que es reclamado en sede judicial, en particular, el carácter no fidedigno de la documentación de que prescinde.

Luego, afirma que se ha vulnerado el artículo 23 N° 1º y 5º en su inciso 4 ° del Decreto Ley N° 825, puesto que dicha norma en su inciso cuarto dispone que no se perderá el derecho a crédito fiscal, si se acredita que el impuesto ha sido recargado y enterado efectivamente en arcas fiscales por el vendedor, situación que no fue considerada por el tribunal de primer grado aun cuando apreció que los vendedores de la recurrente eran contribuyentes y sus declaraciones no fueron calificadas como no fidedignas o falsas, por lo que se ha efectuado una errada aplicación de la preceptiva aludida.

En cuanto al artículo 97 N° 4 del Código Tributario, se expresa que de la sentencia observada se colige que no existe participación ni conocimiento por parte de la contribuyente que los titulares de las facturas y sus proveedores no hayan sido contribuyentes fidedignos; respecto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, apunta que la presunción de inocencia también rige en materia de derecho administrativo sancionador, siendo por tanto deber del Servicio acreditar los asertos que sostienen las liquidaciones.

Finalmente señala que los vicios reclamados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo por cuanto de haberse aplicado correctamente las normas infringidas los sentenciadores hubieran llegado a la conclusión que estaba total y absolutamente acreditada la efectividad de cada una de las operaciones mercantiles realizadas y consignadas en las facturas cuestionadas, resultando procedente tanto el crédito fiscal como el costo que de ellas emana, por lo que solicita se acoja el recurso, se anule la resolución atacada y, en sentencia de reemplazo, se revoque la de primera instancia, dictada por el juez tributario y, en su lugar, resuelva acoger en todas sus partes el reclamo del contribuyente dejando sin efecto las liquidaciones reclamadas.