Inmobiliaria Aiguafreda con Servicio de Impuestos Internos

1°) Que en este procedimiento de reclamación tributaria caratulado “Inmobiliaria Aiguafreda con SII Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente”, seguidos ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de casación en el fondo deducido por la parte reclamante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la del grado que rechaza los reclamos tributarios y confirma las liquidaciones que se individualizan en lo resolutivo de dicha sentencia.

2°) Que los recurrentes fundan su solicitud de nulidad sustancial expresando que en el fallo cuestionado se infringe el artículo 20 N°1 letra d) de la Ley de Impuesto a la Renta, al interpretar erróneamente la norma legal que establece el régimen de tributación en base a presunción legal de renta, puesto que al aplicarla al caso de autos, otorgó un sentido diverso al que ha señalado el legislador, restringiendo el mandato de sus disposiciones al imponer exigencias que el legislador no ha previsto para tal efecto, vulnerando así las reglas de interpretación del Código Civil. Agrega que al aplicar falsamente la norma que establece la presunción legal de habitualidad, prevista en el artículo 18 inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta, que impide calificar como ingreso no constitutivo de renta el mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces contenida en el artículo 17 N°8 letra b) del mismo cuerpo legal, la extendió a un caso no previsto por el legislador y, finalmente, comete error al dar falsa o incorrecta aplicación a las reglas de la sana crítica, cuando valora la prueba rendida contraviniendo dichas reglas.

3°) Que los sentenciadores del fondo han establecido como hechos de la causa que de una revisión de la declaración de impuesto a la renta, folio 100964019 presentada por Inmobiliaria Aiguafreda, el Servicio inició un proceso de fiscalización emitiendo y notificando la citación N°196 de 30 de abril de 2012; que en la referida citación se solicitó aclarar la correcta tributación con el impuesto de Primera Categoría de las rentas obtenidas durante el año tributario 2009, esto es, la correcta determinación de su renta líquida imponible conforme a los artículos 29 a 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, como asimismo, acreditar la correcta determinación del Fondo de Utilidades Tributables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 letra A) N°3 de la misma ley, considerando aquel que le correspondió en razón de la división como también aquél que se originó en el resultado tributario del ejercicio comercial al 31 de diciembre de 2008; que en la citación se le señaló específica y determinadamente acompañar los antecedentes que se detallan en la letra c) del considerando octavo de la sentencia de primera instancia; que no se encuentra aparejada al proceso acta de recepción y/o entrega de documentación que permita indicar con certera precisión cuáles fueron los documentos aportados ante el Servicio en respuesta a la citación; que la reclamante no desvirtúa ni formula objeciones en cuanto a lo que consigna la liquidación en cuestión y en lo relativo al aporte o no de los documentos. En virtud de lo anterior se concluye que no es posible tener por acreditado qué documentos se aportaron en definitiva como respuesta a la citación.

Que, además los sentenciadores concluyen que Inmobiliaria Aiguafreda desde su nacimiento -por acuerdo de división válidamente reducido a escritura pública el 3 de julio de 2008-, hasta que enajenó el bien raíz y se inscribió a nombre de sociedad La Garriga S.A., mantuvo en su patrimonio por menos de un mes el bien raíz no agrícola de autos. Lo anterior lleva a sostener que la reclamante en su calidad de legítima arrendadora no ha percibido canon o arriendo alguno por el mes de agosto de 2008, respecto del referido bien raíz. Así las cosas y no constando del proceso que la reclamante hubiere percibido o devengado rentas presuntas, que son la excepción tributaria, su régimen de tributación sigue la regla general que le manda determinar sus rentas efectivas mediante contabilidad completa, declararlas y tributar por ellas con el impuesto de Primera Categoría.

Asimismo, se estableció que en la Declaración y Acuerdo de Socios Inmobiliaria Aiguafreda, reducida a escritura pública el 2 de junio de 2009, los diez socios personas naturales y las dos sociedades socias de Inmobiliaria Aiguafreda, en su cláusula segunda dejaron constancia que la sociedad vendió el bien raíz de marras cuyo precio fue ingresado a caja social y que los socios acuerdan distribuir haciendo constar que la sociedad no tiene ni ha tenido ingresos o utilidades que repartir distintos de aquellos provenientes de la venta del inmueble referido o los réditos del mismo. Luego en su cláusula tercera dejaron constancia de la distribución que han efectuado, de común acuerdo, durante el año 2008, de la totalidad de las disponibilidades sociales de $ 7.633.703.747.-

4°) Que sobre la base de los hechos reseñados precedentemente aparece que las alegaciones del impugnante persiguen el establecimiento de circunstancias no acreditadas en la causa, alejándose de los supuestos fácticos asentados por los sentenciadores. En este sentido, cabe recordar que solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa, y efectuada correctamente dicha labor en atención al mérito de los antecedentes y probanzas aportadas, resultan inamovibles conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.

5°) Que, entonces, en la forma en que ha sido planteado el recurso no podrá ser admitido a tramitación, puesto que, más allá de la fundamentación arriba reproducida -el resto del libelo se ocupa en la exposición de los antecedentes del caso, reproducción de los considerandos de la sentencia que se tachan de erróneos, y explicación de la influencia de los errores denunciados en lo dispositivo del fallo- se estructura en base a hechos no establecidos en las instancias de este proceso, y sin que tampoco se haya denunciado que con lo anterior se haya infringido por los sentenciadores alguna norma reguladora de la prueba que permitiera a esta Corte la revisión de ese ámbito del fallo atacado.