Junta de Vigilancia de la Cuenca del Rio Huasco y Sus Afluentes con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Ruc 1190000246-9, RIT GR-04-00007-2011, seguidos ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Atacama, Rol N° 2925-2013 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación iniciado por la Junta de Vigilancia Río Huasco y sus Afluentes, la contribuyente interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Copiapó que revocó la de primer grado, que acogió la reclamación deducida, en cuanto declaró la prescripción de las Liquidaciones N° 39 y 40, rechazando en consecuencia el reclamo incoado, con costas.

En contra de esta última decisión, la defensa de la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo.

A fojas 858, se trajeron los autos en relación.

Primero: Que el recurso de nulidad sustantiva denuncia, en un primer capítulo, la infracción a los artículos 63 , inciso segundo , y 200 , incisos primero y cuarto , ambos del Código Tributario; el artículo 13 de la Ley 19.880 y artículo 1683 del Código Civil; artículo 2o de la Ley 18.575 , Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 3o , inciso tercero , de la Ley 19.880, en relación con los artículos 6o y 7o de la Constitución Política del Estado y artículos 19 y 2494 del Código Civil.

Señala que el tiempo para el ejercicio de las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos se regula en el artículo 200 inciso primero del Código Tributario, precepto que dispone que órgano fiscalizador cuenta con un plazo de tres años para liquidar los impuestos, contado desde que expira el término legal en que debió efectuarse el pago de éstos. Por su parte el inciso cuarto de la misma disposición indica que dicho término se aumenta por el lapso de tres meses desde que intervenga la citación del artículo 63 del Código del ramo, respecto de las operaciones que se determinen en ese acto administrativo. Por último, si media prórroga del plazo conferido al contribuyente para dar respuesta a la citación, se debe entender aumentado el término de prescripción por el mismo período que se concede al contribuyente para contestar.

En el caso de autos, los impuestos liquidados corresponden a la declaración de renta del año comercial 2007, año tributario 2008, por lo que el del plazo ordinario de prescripción comienza a correr a partir del 30 de abril de 2008, de modo que dicho término expiraba el 30 de abril de 2011; señala el recurso que habiendo mediado válida citación del artículo 63 del Código Tributario, dicho lapso se aumentó en tres meses, lo que efectivamente ocurre en la especie, pues la notificación de la Citación N° 03 se verifica el 26 de abril de 2011, por lo que el tiempo de prescripción se entiende aumentado hasta el 1 de agosto de 2011, posteriormente solicitó la prórroga del plazo para dar respuesta a la citación, la que es suscrita por una funcionario carente de facultades, lo que implica que no se puede aumentar el plazo de prescripción sino hasta por tres meses, por lo que al momento de notificarse las liquidaciones reclamadas, con fecha 16 de agosto de 2011, las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos se encontraban prescritas, ya que sólo medió una válida citación, sin que se extendiera 20 días más por la concesión fallida de la prórroga solicitada.

La sentencia recurrida, según la reclamante, ha sostenido que la incompetencia de un funcionario no es un requisito esencial para la validez de un acto administrativo, lo que contraviene los artículos 3 y 13 de la Ley 19.880, toda vez que al considerar que la ampliación de la prórroga del plazo para contestar la citación otorgada por un funcionario carente de atribuciones produce el efecto de ampliar la el tiempo de prescripción, con lo que se vulnera abiertamente el principio de juridicidad, consagrado en los artículo 6 y 7 de la Carta Fundamental, ello porque en la especie no ha existido el acto administrativo que el Servicio de Impuestos Internos ahora pretende tener como válido para aumentar el término con que contaba para practicar las liquidaciones reclamadas.