Banco Estado Contacto 24 Horas S.A. con Servicio de Impuestos Internos Direccion Grandes Contribuyentes

En estos autos Rol Nº 33.759-2019 se ha tramitado un procedimiento de reclamación tributaria en que el abogado Misael Morales Godoy, en representación del Servicio de Impuestos Internos, interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada con fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó por voto de mayoría la sentencia definitiva de primera instancia pronunciada por el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, de doce de junio de dos mil dieciocho, la que resolvió dar lugar en parte al reclamo interpuesto por la contribuyente Banco Estado Contacto 24 Horas S.A., en contra de las Liquidaciones N° 107 a 110, de fecha 13 de julio de 2015, emitidas por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos.

Con fecha cinco de diciembre de dos mil diecinueve se dispuso traer los autos en relación.

PRIMERO: Que, en su arbitrio de nulidad sustancial, el Servicio de Impuestos Internos denuncia como infringidas las siguientes normales legales: Inciso primero y numeral 6 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con la letra g) del N°1 del artículo 33 , 21 y 97 del mismo cuerpo legal y artículos 159 , 163 , 177 y 178 del Código del Trabajo.

En su pronunciamiento, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones habría inobservado e infringido el derecho, por cuanto se efectuó un errado análisis y aplicación de las normas legales referidas, existiendo una equivocada calificación jurídica respecto de los pagos voluntarios en cuestión, al situarlos en la categoría pertinente del N° 6 del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta y determinar, dada su naturaleza que, sí concurrían las condiciones para considerar factible deducirlos de la renta, dejando de aplicar las normas jurídicas que regulan las indemnizaciones en las relaciones laborales. Esta situación habría provocado un vicio sólo reparable mediante el recurso de casación, pues de haberse aplicado correctamente la normativa tributaria a la que se ha hecho referencia, el sentenciador debió rechazar la reclamación de autos, atendido que no se ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en la norma en comento.

Cabe indicar que, en relación con los requisitos generales de los gastos, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta señala, que la renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados, pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente. De ello se evidencia que el objetivo tras el establecimiento de los gastos aceptados, como deducción de la renta bruta, es permitir la disminución de la base imponible de aquellas sumas pagadas o adeudadas que hayan sido necesarias para producirla, esto es, aquéllas sin cuya concurrencia no se habría producido la renta o habría sido de un monto distinto, para lo que se exige, como ha sido establecido de un modo reiterado por la jurisprudencia administrativa y de los tribunales superiores que aquéllos sean inevitables u obligatorios, que se relacionen directamente con el ejercicio de su actividad y que se acrediten o justifiquen fehacientemente, debiendo estar establecidas en el fallo aquellas circunstancias de hecho que doten a los desembolsos incurridos de la calidad de ser inevitables, indispensables u obligatorios para generar los ingresos y por lo tanto, puedan considerarse dentro de las deducciones que contempla el artículo 31 de la Ley de la Renta.

Enseguida, el precepto citado, sobre determinación de la renta líquida, esto es, el N° 6 del artículo 31 de la Ley de la Renta, permite la deducción de los sueldos, salarios y otras remuneraciones pagadas o adeudadas por la prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y toda cantidad por concepto de gastos de representación. Acepta, también, la deducción como gasto, de las participaciones y gratificaciones voluntarias, cuando se pagan o abonan en cuenta y siempre que sean repartidas a cada empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios pagados durante el ejercicio, así como en relación con la antigüedad, cargas de familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los empleados o a todos los obreros de la empresa.

Conforme a lo anterior, continúa el recurrente, que para que las indemnizaciones de carácter voluntarias, a diferencia de las indemnizaciones legales, (aquéllas establecidas en la ley laboral) y contractuales (las pactadas en los contratos individuales o colectivos de trabajo) puedan constituir un gasto aceptado tributariamente, suponen la exigencia que sean repartidas o que su pago se efectúe a la totalidad de los trabajadores, ya que conllevan un criterio de universalidad que es el que justifica su deducción como gasto.