Mella Hoces Carmen Gloria con Servicio de Impuestos Internos VII Direccón Regional TALCA.

En estos autos RUC 12-9-0000005-5 seguidos ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Maule, Rol N° 6392-12 de esta Corte Suprema, iniciados mediante reclamo por vulneración de derechos interpuesto por don Williams Valenzuela Villalobos, en representación de Carmen Gloria Mella Hoces, en contra del Ordinario N° 172 de 22 de noviembre de 2011, emanado de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Talca, por sentencia de primera instancia de dieciséis de marzo de dos mil doce, escrita a fojas 424 y siguientes, se rechazaron las alegaciones formuladas por la referida contribuyente. La anterior decisión fue recurrida de apelación por la reclamante, mediante la presentación que rola a fojas 450, la que fue resuelta por la Corte de Apelaciones de Talca el seis de julio de dos mil doce y que rola a fojas 496 y siguientes, confirmando la sentencia En contra de esta última sentencia, la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo por presentación de fojas 507.

Primero: Que en el primer capítulo del recurso de nulidad sustancial la recurrente señala que inició un proceso por vulneración de derechos fundamentales, de conformidad al artículo 155 del Código Tributario, pues a su juicio se ha vulnerado su derecho a recibir información al inicio de todo acto de fiscalización, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 8 N° 3 del Código Tributario, omisión que se tradujo en no haber sido notificada, pese a haber comunicado su domicilio, oportunamente, al Servicio de Impuestos Internos, lo que derivó en que el proceso seguido ante el órgano administrativo se desarrolló sin su comparecencia.

Agrega el recurrente que la sentencia impugnada violenta el derecho al debido proceso pues se le ha impedido ejercer su derecho a defensa, derecho este último que es continente de la obligación que tiene la Administración de informar a los ciudadanos los hechos que se le pudieren llegar a imputar, lo que se traduce en la exigencia de una notificación válida de la demanda o citación y liquidación, notificación que debe ser realizada en el domicilio del contribuyente, pues es desde ese momento en que nace un plazo para poder "reaccionar", actos que son de tal trascendencia que configuran, conforme lo establecen los artículos 768 N° 9 en relación al 795 N°1 del Código de Procedimiento Civil, un trámite esencial en todo proceso.

Expresa que el domicilio que registró ante el órgano fiscalizador no fue incorporado por éste sino hasta 3 años después, lo que le impidió hacer efectivo su derecho a defensa letrada y a ser oída por la Administración, privándosele del derecho de plantear sus argumentaciones y probar las mismas en el primigenio proceso de fiscalización.

Cita, como normas infringidas los incisos 2 y 5 del N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y numeral 24 del mismo artículo .

Segundo: Que por el segundo capítulo de casación en el fondo se denuncia la infracción en que incurren los sentenciadores del grado, al vulnerar las normas de valoración de la prueba -sana crítica- desde que omitieron analizar la prueba rendida por su parte bajo el argumento de que era "innecesario", vulnerando así lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 8 bis y 132 del Código Tributario .

Luego de transcribir lo que los autores como Alsina, Palomo y Couture entienden por sana crítica y reproducir lo sostenido por esta Corte, en las sentencias de 15 de febrero y 14 de julio ambas del año 2011, respecto de dicho sistema de valoración, afirma el recurso que los sentenciadores del grado han incurrido en error de derecho al no valorar la prueba rendida por su parte, pues de haberlo hecho debieron haber concluido que tiene la calidad de contribuyente de primera categoría; que el 20 de marzo de 2009 informó su domicilio al Servicio de Impuestos Internos; que éste no actualizó dicha información sino hasta el mes de noviembre de 2011; y que nunca fue notificada del proceso de fiscalización desarrollado en su contra.