Sociedad Comercial e Inversiones Limitada

En estos autos Rol 12167-2017, de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación tributaria iniciado por la contribuyente Sociedad Comercial e Inversiones Limitada, se dictó sentencia de primer grado por el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago con fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 167 y siguientes, la que rechazó íntegramente el reclamo interpuesto en contra de la Resolución Exenta N° 3063, emitida el 12 de abril de 2013, que rechazó la devolución solicitada por la contribuyente en su declaración de impuesto a la renta del año tributario 2012, ascendente a $42.315.765 por concepto de Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas y de $609.654 por concepto de Pagos Provisionales Mensuales, modificando la pérdida tributaria declarada por la recurrente al considerar que dos de las partidas deducidas de su Renta Líquida Imponible -pagos de intereses bancarios y castigo de crédito incobrables-, no revisten esa calidad.

Esta decisión fue recurrida de apelación por la contribuyente, a fojas 176, y una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la revocó únicamente en aquella parte que rechazó la devolución de pagos provisionales mensuales y la condenaba en costas, acogiendo el reclamo sólo en cuanto accede a la devolución de la suma de $600.239, por pagos provisionales mensuales del año tributario 2012 y la exime del pago de las costas de la causa; confirmando en lo demás el fallo de primer grado. En contra de esta última decisión, la parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación a fojas 296.

Primero: Que en el primer capítulo del recurso de nulidad sustancial se denuncia la falsa aplicación de los incisos primero y tercero del N° 1 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en relación con el artículo 132 inciso décimo cuarto del Código Tributario . Señala que el rechazo como gasto necesario para producir la renta de los intereses bancarios pagados durante el período fiscalizado por la suma de $190.758.720, se debe a la falta de análisis de la documentación sustentatoria acompañada en la oportunidad procesal pertinente para demostrar que los créditos solicitados tuvieron como finalidad cumplir una serie de obligaciones comerciales que la recurrente mantenía con otras empresas con las que había celebrado contratos de cuentas corrientes mercantiles para financiar el giro de la contribuyente, los que conforme a la sentencia de primer grado, confirmada por el fallo recurrido, fueron reconocidos como ingresos tributables o ganancias, pactándose a su respecto un 8% anual de interés, por lo que debieron ser considerados como gastos necesarios para producir la renta.

Por otra parte, expone que el tribunal determinó que la reclamante no acreditó que los dineros recibidos en préstamo de instituciones bancarias hayan sido traspasados a las cuentas corrientes mercantiles indicadas, olvidando que el dinero es una cosa fungible y por lo tanto no puede esperarse que genere algún tipo de trazabilidad en ese sentido, vulnerando con su determinación lo dispuesto en el artículo 2.196 del Código Civil, en relación con lo preceptuado en el inciso final del artículo 575 del mismo cuerpo legal.

De esta forma estima que los jueces de las instancias infringen las reglas de la sana crítica al desconocer el carácter de gasto necesario para producir la renta el pago de intereses, porque al valorar la prueba rendida por la impugnante desatendieron las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, porque de haberlo hecho siguiendo esas directrices habrían arribado a la conclusión que el gasto se relaciona con el giro de la empresa, elementos que fueron obviados por los sentenciadores, lo que determinó su rechazo.

Segundo: Que en el segundo acápite del recurso de casación en el fondo se acusa la infracción del artículo 26 del Código Tributario, en relación a la falsa aplicación del artículo 31 inciso tercero N° 4 de la Ley de la Renta, contenida en el D.L. N° 824 , de 1974 . Arguye que al gasto por concepto de castigo de clientes, por la suma de $89.706.926, fue rechazado de manera genérica al señalar que no se demostró que se tratase de créditos incobrables.

Indica que dicho gasto proviene de la acreencia que la recurrente mantenía con la empresa LANSELOTLINK S.A., la que se generó como consecuencia de una cuenta corriente mercantil existente entre ambas sociedades. Además, expone que es un hecho de la causa que la contribuyente fue accionista de LANSELOTLINK S.A., como lo señaló el propio fiscalizador al contestar el reclamo, lo que fue refrendado por los sentenciadores. Agrega que la empresa en comento debido a su insalvable situación patrimonial decidió su disolución con fecha 14 de noviembre de 2011, estos es, antes de que su crédito fuera exigible, por ende en la práctica resultaba del todo imposible perseguir su pago, por lo que no pudo agotar prudencialmente los medios de cobro.